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Permacultura, ecologìa, movimientos sociales, contrainformaciòn, derechos humanos, cultura y mucho màs visto desde un pequeño huerto de Sanabria sobre las bases del mundo rural, indigenista, libertario y ancestral

Garzas asesinadas en Puebla de Sanabria


Hoy 22 de diciembre de 2014 nos hemos encontrado 2 garzas reales alcanzadas por un disparo en el pecho en las riberas del rio Tera dentro del término de Puebla de Sanabria.
Las garzas reales son animales piscícolas que viven en las riberas de nuestros ríos y lagos y forman una pieza clave dentro del ecosistema sanabrés por lo que condenamos la matanza de cómo mínimo 2 garzas y agradecemos a las personas que nos alertaron del suceso. No hay que olvidar que el maltrato y asesinato de fauna silvestre está altamente castigado.

Supresión de servicios y expolio económico en los municipios rurales

28 noviembre 2014
José Antonio Errejón Administrador Civil del Estado 
Francisco Ramos Antón Funcionario de la Administración Local 
Jesús G. Regidor Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

En medio de la cacofonía de una corrupción política rampante está pasando desapercibida la aplicación de la Reforma Local de 2013, que para los municipios rurales va a significar su liquidación por tiempos. Primero les someten a un control presupuestario exacerbado pese a su inexistente o escaso déficit, después les retiran las competencias en los servicios públicos básicos y anulan su capacidad de iniciativa económica, y por último atribuyen a las Diputaciones provinciales el control de estas competencias que se convertirán en objeto de negocio privado.
Ante este inmenso expolio cabía esperar una fuerte respuesta ciudadana y de sus representantes, una verdadera rebelión que, ante las próximas elecciones municipales, hubiera puesto contra las cuerdas al Gobierno central y a sus correligionarios locales, pero tal nivel de respuesta no se ha producido. A pesar de la creación de normas interpretativas por parte de numerosas comunidades autónomas y de la presentación de diez recursos de inconstitucionalidad (el último por casi 3000 municipios) la Reforma Local se aplica como en la “parábola de la rana hervida” cuando se quieran dar cuenta, los municipios rurales se habrán quedado sin sus servicios básicos y sin sus recursos económicos.
Por su impacto político, esta reforma implica la liquidación de la autonomía local. Con la justificación de un control del déficit de los municipios rurales (a efectos de esta reforma los menores de 20.000 habitantes) se despoja a los ayuntamientos de su principal función política: ser la primera instancia de atención a los ciudadanos. En un país donde unos 6700 municipios pueden considerarse rurales (de ellos un 60% de pequeño tamaño: menores de 5000 habitantes) los alcaldes y demás electos locales verán reducida su iniciativa política a gestionar algunas competencias menores (los parques, las bibliotecas y los cementerios).
Aunque la autonomía de los municipios forma parte del ordenamiento constitucional (artículos 137º, 140º, 133º y 142º) se pretende con una ley ordinaria (Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local) abolir sus competencias centralizándolas en administraciones de “rango” superior, lo cual para los municipios rurales significa una expropiación competencial prácticamente total. Claramente, se lleva a cabo una verdadera “acción destituyente” de la autonomía municipal, especialmente en el medio rural, con lo que cuando se produzcan las sentencias del Tribunal Constitucional y aun siendo favorables la “rana estará bien hervida”.
Las consecuencias políticas de esta iniciativa parecen evidentes: Se liquida la ya de por sí escasa democracia local participativa. De este modo, se vuelve a una especie de “neofeudalismo” ejercido por las corporaciones concesionarias de la prestación de los servicios básicos expropiados a los
municipios rurales, a las que las diputaciones provinciales entregarán la gestión de partes enteras del territorio. Es más que probable que la búsqueda de rentabilidad conduzca a estas corporaciones, bien a la prestación a precios muy elevados de determinados servicios públicos o a su eliminación pura y simple, reforzando así el despoblamiento y la desertización rural.
Por su impacto social, esta reforma encubre un recorte estratégico del estado de bienestar. Para ello se consolidan tres categorías de competencias (“propias”, “puestas en cuestión” e “impropias”). Por lo que se refiere a los municipios rurales, las primeras se reducirán drásticamente, mientras que las demás simplemente desaparecerán. Este severo recorte competencial dejará a los electos sin su actividad más genuina: la atención primaria a las condiciones sociales del espacio público local. Y todo ello justamente cuando un número creciente de ciudadanos se ha visto golpeado por el paro, la pobreza o la exclusión social.
La supresión generalizada de estas competencias a los ayuntamientos rurales sitúa a las diputaciones provinciales y a las comunidades autónomas como responsables directos de la prestación de estos servicios públicos. Pues bien, si las diputaciones del régimen común son fuertemente deficitarias y las comunidades autónomas están altamente endeudadas ¿cómo podrán hacerse cargo de ello? La respuesta es clara: prestarán solo aquellos servicios a los que estén obligados, hasta donde les alcance su capacidad de financiación. Más exactamente, dependiendo de las transferencias de los ayuntamientos rurales a las diputaciones por los gastos asociados a los servicios públicos básicos (más de dos tercios de los ingresos por “tributos propios” de estos ayuntamientos, esto es, más de 5000 millones de eu.).
El resultado de esta reforma supone un recorte estratégico de los servicios sociales, si bien, dado el calendario de aplicación de la Ley, no se manifestará hasta después de las próximas elecciones locales y autonómicas de 2015. En concreto: se producirá una pérdida notable de calidad de los servicios derivados de las competencias “propias”, con objeto de reducir su coste efectivo facilitando la rentabilidad de las empresas privadas concesionarias y se suprimirán los servicios públicos vinculados a las competencias “puestas en cuestión” y a las “impropias”, precarizadas por la indefinición de la obligatoriedad en su prestación o directamente por su falta de asunción por parte de las comunidades autónomas. Por tanto, lo que se provoca directamente es un grave retroceso del estado de bienestar en el medio rural.
Finalmente, por su impacto en el desarrollo territorial, esta reforma ocasiona un grave retroceso en nuestro desarrollo rural. El principal motivo es que se configura un nuevo modelo de gestión del territorio, en el que las entidades locales del medio rural perderán su relevancia. De un modelo capilar constituido por miles de núcleos de decisión (los Ayuntamientos y las entidades menores) se vuelve a un modelo basado en una sola unidad centralizada de gestión por provincia (la diputación o entidad equivalente) Las unidades territoriales comarcales de prestación de servicios (mancomunidades de municipios) quedan debilitadas o relegadas. Todo ello supone el reforzamiento de una articulación político-administrativa del territorio contraria al desarrollo rural.
En realidad, tras la reforma, los municipios rurales se convertirán en unidades territoriales muy debilitadas, sin apenas capacidad de gasto. Por lo que estos municipios, que tradicionalmente eran considerados entidades públicas de importancia económica en las zonas rurales, por su nivel de consumo, empleo e inversión, van a ver muy reducida su iniciativa económica. Una vez comprometida la mayor parte de sus recursos propios para el pago a las diputaciones -empresas concesionarias, por los servicios obligatorios prestados, toda nueva iniciativa dependerá de las inversiones y ayudas transferidas desde otras administraciones. Miles de municipios verán desaparecer en muy breve plazo su papel de núcleos promotores de desarrollo rural.
Este efecto será especialmente grave, cuando lo que procedía era integrar plenamente a los municipios rurales como beneficiarios principales de las políticas rurales, en particular de las provenientes de la Unión Europea. Para este fin, por el contrario, lo que se necesitaba era el reconocimiento político-administrativo de las zonas rurales (“comarcas”) como unidades territoriales de referencia para la prestación de los servicios municipales básicos y para la aplicación de las políticas rurales nacionales y europeas. Habría que configurar un sistema territorial formado por comarcas, con plena legitimidad democrática para promover planes de desarrollo multisectoriales y plurianuales.
En consecuencia, esta Reforma Local supone la liquidación de los municipios rurales, pues constituye un atentado muy grave a la autonomía local, al mantenimiento de los servicios públicos fundamentales y al propio desarrollo del medio rural. Por todo ello, sería preciso derogarla cuanto antes, y en su lugar cabría adoptar medidas como la supresión de las diputaciones provinciales y la revisión del régimen económico-financiero de las haciendas locales, en particular por lo que se refiere al aumento de los ingresos fiscales rurales y a la creación de incentivos fiscales especiales para estos municipios. Porque es imposible creer las enfáticas propuestas del PP en defensa de la Constitución, cuando proceden a la voladura controlada de la autonomía y la democracia local, pilares esenciales de nuestro sistema constitucional.

Poniendo la vida en centro

LEY DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resumen
En el presente documento se realiza un análisis crítico de aquellos artículos y contenidos de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que más pueden condicionar el futuro de las Entidades locales menores.
Así mismo, son reseñados tres aspectos importantes de la Ley referidos a los Municipios que, modificando su organización, funcionamiento y régimen competencial, afectan profundamente a las posibilidades de autogobierno y gestión directa de sus recursos de las pequeñas comunidades rurales. Estos tres contenidos, que pueden considerarse parte del núcleo duro de la reforma legislativa, son: la fusión de Municipios, la forma de atribución de la gestión de los servicios básicos y el papel concedido a las Diputaciones provinciales.
Como hilo conductor de la exposición, comentario a comentario, van siendo desvelados los objetivos no declarados de la Ley (y sus consecuencias), a fin de dejar en evidencia que, a través del filtro de la ideología neoliberal que la sustenta, se traslucen en el texto de la Ley las verdaderas intenciones políticas y económicas de quienes así legislan: la reducción del ámbito público de gestión y participación política vecinal, y la puesta a disposición del interés económico privado de los recursos y bienes que ahora son de titularidad y gestión colectiva.


1. PREÁMBULO
Es importante tener en cuenta que, según se expone en el “Preámbulo” de la Ley, las reformas acometidas en la misma obedecen el mandato constitucional establecido por la reforma del artículo 135 de la Constitución española (septiembre 2011), que consagra la denominada estabilidad presupuestaria “como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas”.
Comentario 1. Es decir que, en este momento de crisis económica, política y social, lo más importante para quienes legislan es que, en la gestión presupuestaria y toma de decisiones de las administraciones públicas, el control del déficit y el pago de la deuda, se antepongan, por mandato constitucional, a cualquier otra consideración derivada de intentar paliar desde el ámbito público las múltiples necesidades sociales planteadas por la crisis. 2
Como se recordará, en desarrollo de ese precepto constitucional, se aprobó la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de la que emana la exigencia de reforma de las Administraciones Públicas para adecuar su estructura y funcionamiento a los principios establecidos por dicha Ley, a través de medidas de intervención y control del gasto público, como los famosos planes de ajuste (planes económico‐financieros), a las que ahora, a través de esta Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (que modifica en profundidad la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en adelante LBRL), deberán someterse también Ayuntamientos, Entidades Locales Menores (es decir, juntas vecinales, concejos, pedanías, parroquias rurales, etc., en adelante ELM) y las demás entidades de carácter local que contempla la Ley.
Comentario 2. Todo este entramado legislativo, no debe olvidarse, ha sido abordado por el Gobierno del Estado español a mayor gloria de las políticas neoliberales de las que se considera uno de sus principales defensores en Europa, así como alumno aventajado en su implantación y desarrollo en las Administraciones Públicas. Políticas, y legislación consecuente, exigidas y dispuestas desde la Unión Europea, y los estados que la conforman, con el claro objetivo de seguir, por un lado, disciplinando a su favor las escasas posibilidades de toma democrática de decisiones que aún pueda tener la población y, por otro, privatizando los bienes y recursos públicos (o comunes) que todavía se mantienen en pie. La jugada es bien sabida: para poder sostener, e incluso aumentar, el nivel de acumulación de capital y obtención de beneficios de las elites económico‐financieras europeas, los representantes políticos que velan por sus intereses, utilizan el tan repetido argumento neoliberal de tener, irremediablemente, que afrontar el pago de la deuda y el recorte del gasto público como principal vía de salida de la crisis económica, para así dejar la puerta abierta al desarrollo de la iniciativa económica privada de cara a la gestión o apropiación de los recursos públicos (o comunes), que es lo que realmente les interesa.
2. OBJETIVOS DECLARADOS DE LA LEY
Los principales objetivos aducidos en el texto del Preámbulo para justificar la necesidad de esta Ley son cuatro (en este punto sólo se comentan brevemente, anticipando algunos aspectos importantes que la Ley desarrolla en profundidad y que son tratados más adelante en este documento):
1. “Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio: Una administración una competencia”.

Comentario 3. Como veremos, en cuanto a los servicios básicos que gestionan las Entidades locales, esto se traducirá en un trasvase competencial y de recursos desde los Municipios a las Diputaciones y Comunidades Autónomas en detrimento de los Municipios o ELM. Se elimina, de paso, la posibilidad, que tanto juego ha dado históricamente en el medio rural, de poder asumir desde los municipios o las juntas vecinales la gestión de los recursos básicos (o la puesta a punto de las infraestructuras necesarias) para el desarrollo de las comunidades rurales, complementando o supliendo, según los casos, las carencias de gestión y recursos de otras administraciones públicas.

2. “Racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera”.

Comentario 4. Esta racionalización se llevará acabo a través de mecanismos como la fusión de municipios (“voluntaria” u obligatoria), reordenación (entendida como centralización) de la titularidad y gestión de servicios y recursos públicos, o supresión de Entidades locales menores (“Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio”, como se denominan en esta Ley), por poner algunos ejemplos.
3. “Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso”.
Comentario 5. Se realizará mediante el establecimiento de procedimientos de intervención y control permanente de la gestión económica de los Municipios y las Entidades locales menores por parte del Estado central. Por ejemplo, se plantean y desarrollan las figuras del interventor y las auditorias (modificación de los artículos 213 y 218 de la Ley reguladora de las Haciendas locales) y los planes económico‐financieros (nuevo artículo 116 bis añadido a la LBRL).
4.“Favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”.

Comentario 6. Se entiende: evitar que una Entidad local (ayuntamiento o junta vecinal) tome una decisión que pueda paralizar un “proyecto de desarrollo” (proyectos que podrán ser de carácter público‐privado o privado pero que, habitualmente, se basan en criterios de rentabilidad económica y en primar aquellos sectores más atractivos para el mercado, y no en tener en cuenta lo que es más importante o necesario para las poblaciones afectadas). La Ley, como se comprobará, abre la puerta a las formas de gestión indirecta de los servicios públicos básicos y de los recursos de las entidades locales, es decir, a las privatizaciones.
3. PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES
En la Ley se contemplan dos casos:
1. Tendrán personalidad jurídica y condición de Entidad Local “Las entidades territoriales de ámbito inferior al Municipio existentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley” (Disposición transitoria cuarta 1); así como los núcleos de población “que antes del 1 de enero de 2013 hubiera iniciado el procedimiento para su constitución como entidad de ámbito territorial inferior al Municipio”, una vez que se constituyan como tales (Disposición transitoria quinta).
2. En los demás casos, incluyendo las ELM de nueva creación o aquellas ELM disueltas que quieran ser recuperadas, las entidades locales, como manifiesta el nuevo artículo 24 bis de la LBRL (creado en sustitución del suprimido artículo 45), pasan a denominarse “entes de ámbito territorial inferior al Municipio”, “carecerán de personalidad jurídica” y funcionarán “como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados”, es decir, dependientes totalmente de las decisiones tomadas desde el Ayuntamiento.
Comentario 7. La carencia de personalidad jurídica de estos Entes de ámbito territorial inferior al Municipio significa la incapacidad de, por ejemplo: administrar fondos o presupuestos, poder suscribir cualquier tipo de contrato, acceder a subvenciones o elegir a sus representantes, es decir, desaparece la posibilidad legal de tener capacidad de decisión sobre los asuntos que más directamente les afecten. Dicho de otro modo, a las ELM de nueva creación se las priva de la condición de sujetos de derecho o, lo que es lo mismo, de la posibilidad de ser titulares de derechos y responder de sus obligaciones.
4. DISOLUCIÓN DE ENTIDADES LOCALES MENORES
La Ley establece dos mecanismos directos de supresión de ELM:
1. Por no presentar sus cuentas. Es el dispuesto en la Disposición transitoria cuarta 3: “La no presentación de cuentas por las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva será cusa de disolución. La disolución será acordada por Decreto del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva en el que se podrá determinar su mantenimiento como forma de organización desconcentrada”.
Comentario 8. Como se argumenta en el Dictamen 8/2014, de 27 de febrero, que sobre esta Ley, ha hecho el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya (Consejo Consultivo), respecto a la no presentación de cuentas como causa de disolución, “El incumplimiento de un trámite administrativo que, en principio, no tiene nada que ver con las exigencias derivadas de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, comporta, de manera desproporcionada, la supresión de la entidad local afectada”. Es decir, en este sentido, se penaliza a toda una población (con las graves consecuencias que enseguida veremos) por la incapacidad o la dejadez de funciones de su junta vecinal en cuanto a la rendición de cuentas. Y como ya hemos visto, sin que esa Entidad local menor pueda volver a crearse en un futuro con personalidad jurídica plena.
Aparte de esto, es muy probable que algunas juntas vecinales, aún siendo conocedoras de este requisito legal, no puedan presentar sus cuentas en tiempo, forma y lugar, pues a día de hoy aún carecen de la información, los conocimientos y el asesoramiento técnico necesarios para afrontar las tareas requeridas para rendir sus cuentas de la manera exigida por el Estado. Por esto y por lo expuesto en el párrafo anterior, esta exigencia incluida en la Ley podría estar pensada como una trampa cuya única finalidad sea disolver juntas vecinales.
2. Por incumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública o plazos establecidos para el pago a proveedores, cuando el Municipio del que forma parte esa ELM tenga que elaborar un plan económico‐financiero. Es lo contemplado en el nuevo artículo 116 bis de la LBRL, el que establece el contenido del plan económico‐financiero que han de elaborar obligatoriamente aquellas corporaciones locales que, a su vez, hayan incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto. Ese plan, según se establece en el mencionado artículo 116 bis 2.e), incluirá obligatoriamente la “Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio que, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el periodo medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad”.
Comentario 9. En este caso, se liga, sin ningún criterio jurídico‐administrativo que lo sustente, la disolución de una Entidad local menor al plan de ajuste que, en su caso, deba afrontar el Municipio del que forma parte. Como mínimo, esta medida incurre en contradicción: al mismo tiempo que en la propia Ley se define a las ELM como Entidades locales con personalidad jurídica propia, diferenciadas e independientes del Municipio en cuanto a sus posibles atribuciones competenciales y de gestión, se las responsabiliza por los incumplimientos derivados de la indebida gestión del Municipio, como si fueran corresponsables o formaran parte de él.
5. CONSECUENCIAS DE LA DISOLUCIÓN DE UNA ENTIDAD LOCAL MENOR
En la Disposición transitoria cuarta 3, se dice respecto a las consecuencias que trae aparejadas la disolución de una ELM: “La disolución en todo caso conllevará: b. Que el Ayuntamiento del que dependa la entidad de ámbito territorial inferior al municipio queda subrogado en todos sus derechos y obligaciones.”
Comentario 10. Es decir, se dispone que el Ayuntamiento del que dependa la ELM suprimida sea el depositario de todos sus bienes y derechos, incluyendo tanto su patrimonio y bienes comunales como los ingresos generados por la gestión de ese patrimonio y esos bienes.
Teniendo en cuenta que, dada la legislación vigente, el patrimonio forestal y de montes depende de la Junta de CyL, probablemente sea esa institución la que se haga con la gestión directa o indirecta de ese tipo de bienes y recursos expoliados a nuestros pueblos, pasando el resto de la gestión de los recursos al Ayuntamiento o, según los casos, a la Diputación provincial o a empresas privadas (ver comentario a la modificación del artículo 26.3 de la LBRL). Aquí se encuentra la clave última de por qué se quieren suprimir las juntas vecinales: para, a través de su subrogación a los Ayuntamientos, arrebatarles su patrimonio y poder disponer de él conforme a los intereses del Estado (que, en el sistema político‐económico neoliberal‐capitalista, generalmente son coincidentes con los intereses de la iniciativa privada), sin el obstáculo que para ello habitualmente suponen los intereses colectivos, no esencialmente mercantilistas, de los vecinos y vecinas de los pueblos (recuérdese al respecto el cuarto objetivo declarado que persigue esta Ley).
En este sentido, cabe recordar que, aunque desde las pequeñas poblaciones rurales (donde en muchos casos aún persisten y funcionan los comunales y los concejos), no se suele estar en contra de la mercantilización y puesta en valor de parte de su patrimonio para la obtención de algunos ingresos, es también cierto que las decisiones al respecto suelen hacerse siguiendo criterios que poco tienen que ver con la “lógica del interés privado” (de maximización de los beneficios económicos) y sí con una ancestral “lógica del bien común” según la cual, para dar el respaldo a ese tipo de proyectos mercantilistas, en todo caso habrán de ser respetadas tres condiciones básicas: primera, que esa iniciativa económica sea compatible con la conservación del patrimonio comunal sin su pérdida ni menoscabo (es decir, poder legarlo en idénticas condiciones a las generaciones futuras); segunda, que la toma de decisión última esté en manos de todos los vecinos y vecinas, es decir, del concejo; y, tercera, que los beneficios a obtener puedan revertir por igual entre todos los habitantes del pueblo.
6. ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS
La nueva redacción del artículo 26.1 de la LBRL atribuye de manera novedosa las competencias básicas a los municipios: en general, restándoles competencias que antes tenían atribuidas (en educación, salud, servicios sociales, cultura y mercados) y, en particular, estableciendo que “En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: a) Recogida y tratamiento de residuos. b) Abastecimiento de agua potable y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Limpieza viaria. d) Acceso a los núcleos de población. e) Pavimentación de vías urbanas. f) Alumbrado público.”
Estableciendo, a continuación, que “La Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de la prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada”.
Además, “Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a esta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios”.
Comentario 11. Resumiendo, las Diputaciones asumirán la prestación de un servicio, cuando la realizada en el ámbito municipal se considere ineficiente según el cálculo del coste efectivo que supone la prestación de ese servicio para el Municipio (según el nuevo artículo 116 ter de la LBRL, “Coste efectivo de los servicios”, desarrollado a través de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales, de 7 de noviembre de 2014), porque estará en manos de la propia Diputación proponer una forma de prestación diferente, incluyendo la gestión privada.
Esta es la segunda clave de la Ley, abrir una nueva vía para la privatización de los servicios públicos en el ámbito local, en consonancia con el artículo 85.2 de la Ley, donde se especifican las formas de gestión de los servicios públicos de competencia local. A través de esa prerrogativa otorgada a las Diputaciones, se legitima la gestión privada de los servicios básicos, la denominada gestión indirecta de los servicios públicos (modificación del artículo 85.2 B) de la LBRL). Gestión que, como se deja caer, podrá estar basada en el cobro de tasas o aumento de las mismas, por la Diputación o la empresa que asuma la gestión, recayendo sus costes en los usuarios. Como se ve: negocio redondo.
7. FUSIÓN DE MUNICIPIOS
Quedan establecidas por Ley dos formas de fusión de municipios:
1. Fusión voluntaria. Según señala el Preámbulo de la Ley “Por primera vez se introducen medidas concretas para fomentar la fusión voluntaria de municipios de forma que se potencie
a los municipios que se fusionan”. En consecuencia, “El Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales”. Para el nuevo municipio resultante de la fusión, entre otras ventajas, ya se contempla que “Durante, al menos, los cinco primeros años desde la adopción del convenio de fusión, tendrá preferencia en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones, convenios…”. (Modificación del artículo 13.3 de la LBRL)
2. Fusión obligatoria. Como ya vimos al hablar de la segunda forma de supresión de ELM, en el nuevo artículo 116 bis de la LBRL se establece el contenido del plan económico‐financiero que, por incumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública o plazos establecidos para el pago a proveedores, un Municipio tiene obligatoriamente que elaborar. Ese plan, según se establece en el mencionado artículo 116 bis.2.f), incluirá obligatoriamente “Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia”.
Queda también establecido en la Ley el proceso a seguir respecto al patrimonio del municipio incumplidor: “Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit se podrán integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes, y derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo”. “Se designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de ese fondo… durante los cinco años siguientes desde la adopción del convenio de fusión, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores”. (Modificación del artículo 13 de la LBRL)
Comentario 12. El control presupuestario y de gasto, y el redimensionamiento, de la Administración Local, son dos de los compromisos que el Estado español tiene contraídos con las instituciones económicas y de gobierno de la Unión Europea. Y, en concreto, la consolidación de los planes de ajuste y los procesos de fusión de municipios, son los dos mecanismos más importantes para llevar a cabo esos compromisos. En la forma expresada en el Preámbulo de la Ley: “En un momento en el que los compromisos europeos sobre consolidación fiscal son de máxima prioridad, la Administración local también debe contribuir a ese objetivo racionalizando su estructura… y garantizando su sostenibilidad financiera”.
Así, por un lado, a través de los planes de ajuste, se incapacita a los municipios incumplidores de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a tomar otras decisiones económicas que no sean las destinadas al pago de las deudas o la salida de la situación de déficit y, por otro, se les obliga a fusionarse con un municipio colindante para de esa manera liquidar (vender) sus bienes y patrimonio para enjugar las deudas contraídas con los acreedores.
Todo ello agravado por el polémico contenido de la modificación hecha a la Disposición adicional decimosexta de la LBRL, sobre la “Mayoría requerida para la adopción de acuerdos en las Corporaciones Locales”: “Cuando el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en una primera votación, la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos prevista en esta Ley, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobar: b) Los planes económico‐financieros, los planes de reequilibrio y los planes de ajuste a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril”.
Comentario 13. Está claro, la Junta de Gobierno (generalmente controlada por un solo partido político) podrá tomar la trascendental decisión de hipotecar el futuro del municipio a través de un plan de ajuste sin tener en cuenta la opinión del Pleno, el órgano donde se supone está representada la mayoría de la población y de la pluralidad política del Municipio. No es difícil imaginarse las situaciones posibles a que esto puede dar lugar.
8. REFORZAMIENTO DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES
Según el Preámbulo “Otra de las medidas adoptadas en la Ley es la de reforzar el papel de las Diputaciones provinciales”. Por ejemplo, aparte de tareas de coordinación, asesoramiento y asistencia a los Municipios, según la modificación del artículo 36 LBRL, son competencias de la Diputación las siguientes: 1.c) “La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal”. 1.h) “El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia”. 2.a) “Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal”. “Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos”. Y, como ya se ha señalado “La Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de la prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida… u otras fórmulas”.
En cuanto a los planes económico‐financieros y la fusión de municipios “La Diputación provincial… colaborará con la Administración que ejerza la tutela financiera, según corresponda, en la elaboración y el seguimiento de la aplicación de las medidas contenidas en los planes económico‐financiero. La Diputación… propondrá y coordinará las medidas recogidas en el apartado anterior cuando tengan carácter supramunicipal,… incluido el seguimiento de la fusión de Entidades Locales que se hubiera acordado” (Nuevo artículo 116 bis de la LBRL). En general, “Las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la Comunidad Autónoma, coordinarán y supervisarán la integración de los servicios resultantes del proceso de fusión” (Modificación del artículo 13.5 de la LBRL).
Comentario 14. Como señalara el Consejo de Estado en su Dictamen 567/2013, de 26 de junio, sobre el Anteproyecto de Ley, las Diputaciones provinciales, que según los términos empleados en ese informe son “entidades representativas de segundo grado, no sujetas, en cuanto a su composición, a mecanismos de elección directa”, son grandemente reforzadas en sus atribuciones, en detrimento del principio de Autonomía Local establecido constitucionalmente para Municipios y Entidades locales menores.
COMENTARIO FINAL: OBJETIVOS NO DECLARADOS DE LA LEY
A día de hoy, la mayoría de nuestras juntas vecinales, y algunos pequeños municipios, ya cumplen con eficiencia y de manera sostenible, a través de la gestión racional de su patrimonio y recursos, respecto a los servicios y atribuciones que tienen encomendados por ley. Y lo hacen además, en muchos casos, de manera democrática, siguiendo los criterios decididos por sus vecinos y vecinas y rindiendo cuentas ante ellos, sin que esto suponga, en la práctica totalidad de los casos, coste alguno para las arcas del Estado.
Ha de quedar claro, por lo tanto, que el principal motivo aducido para su reforma, control o supresión, no puede ser reducir el gasto que puedan generar, puesto que, tal y como aparece expuesto en el documento Plan Presupuestario 2015 del Reino de España, con fecha 15 de octubre de 2014 (documento que el Gobierno del Estado ha remitido a la Unión Europea para informar de sus perspectivas en materia presupuestaria y de ahorro en el gasto público), sólo un 0,17% de lo que supone el ahorro previsto con la reforma de la Administración Local para el periodo 2014‐2020 provendrá de la supresión de Entidades locales menores.
Incluso, aún dentro de esos parámetros argumentales, como expone el Dictamen 51/2014, de 24 de marzo, del Consejo Consultivo del principado de Asturias, “la supresión de las ELM y pequeños ayuntamientos no comporta necesariamente una mejora de la eficacia o sostenibilidad de la estructura administrativa”.
Como hemos intentado mostrar a través del presente documento, esta Ley va a transformar de manera sustancial la organización y el funcionamiento de las Administraciones Locales. Supone un atentado contra el principio constitucional de la autonomía local, dejando a los municipios vaciados de competencias, intervenidos por el Estado y dependientes de las Diputaciones.
Basada en criterios economicistas y, utilizando a favor de sus intereses conceptos como “eficiencia”, “sotenibilidad” o “racionalización”, esta Ley trasluce los objetivos no declarados de la ideología neoliberal que la sustenta: la reducción del ámbito público de gestión y participación política vecinal, y la puesta a disposición del interés privado de los recursos y bienes que ahora son de titularidad y gestión colectiva. En el caso de nuestros pueblos, lo que se persigue subrepticiamente es la apropiación de los bienes comunales (bosques, tierras, agua), el patrimonio y la gestión de los servicios básicos de juntas vecinales y pequeños ayuntamientos, así como la desaparición de una figura tan democrática (y por lo tanto tan incómoda para los intereses que se promueven desde el Estado neoliberal) como es la del concejo o asamblea vecinal, último referente en la toma de decisiones sobre el común, que a día de hoy, aún resiste en algunas de nuestras poblaciones.

Omaña, León, noviembre de 2014

PLATAFORMA DE OMAÑA PARA LA DEFENSA DE LAS JUNTAS VECINALES 

AGRICULTURA Y GANADERÍA INDUSTRIAL EN ZAMORA

Modesto Leal


En los últimos años hemos vivido un cambio profundo en la ganadería y agricultura de nuestras tierras, las Zamoranas. Hemos pasado de ser campesin@s, a ser empresarios del sector primario.
He nacido en la comarca de campos-pan, y he visto como los pequeños labradores  y pastores, han pasado de ejercer una actividad que se ha mantenido durante milenios hacia una actividad industrial .La mayoría de las personas tenían una dedicación en el sector primario, el pueblo era pueblo. Recuerdo cuando acudía a casa de mi tía a por leche  recién ordeñada,  cuando mi madre sacrificaba un conejo para comer los domingos, o cuando nos reuníamos en torno a la matanza del cerdo, del que nos alimentábamos gran parte del año. Esos veranos donde comíamos sandías, melones, pimientos o tomates cultivados en el huerto. Todos estábamos familiarizados con la vida rural, de una forma sostenible y, en algunos casos autosuficiente.
Hacia el año 2000, vi con mis propios ojos, como agricultores y ganaderos de mi pueblo se “modernizaron”, se inició la industrialización del campo. Se fomentó un polígono ganadero, donde los pastores se convirtieron en empresarios, haciendo grandes inversiones económicas a nivel individual. Muchos pequeños agricultores, dejaron de cultivar sus tierras y las traspasaron a los nuevos empresarios del campo.
 La vida campesina se acaba. La emigración y el discurso de que el campo es “sucio” hace que las nuevas generaciones desprestigiemos el campo, y en consecuencia se alimente la figura del paleto del pueblo. Nuestros padres,  nos desean suerte fuera del medio rural y nos encaminan hacia la sociedad industrial y de servicios.
Parece ser, que nadie se quiere quedar atrás en la industrialización del campo, y surge el discurso de “o te modernizas o no vivirás del campo” producido por las políticas Europeas de agricultura y por el propio discurso social. Curiosamente he visto como en mi pueblo, cada vez son menos los agricultores y más las grandes extensiones de monocultivos, trabajándolos con grandes maquinarias. También he visto en esos pastores que se modernizaron , que  dieron el paso de lo extensivo hacia lo intensivo, que ya no pueden dedicarse a la ganadería. Los agricultores tienen que comprar semillas todos los años, abonos y pesticidas, además de tractores y aperos adaptados a la modernidad. Los ganaderos tienen que invertir en grandes naves, almacenes, salas de ordeño, medicinas y en mejoras genéticas de razas productivas. Los huertos desaparecen y entra en juego el monocultivo, trigo, cebada, maíz y colza, en su mayoría para alimentar a esos ganados estabulados. La biodiversidad está fuertemente amenazada y la sostenibilidad ambiental es prácticamente nula.
Cada vez, veo más descontenta a la gente del sector primario, que alimenta a la ciudadanía, cada vez es mayor la presión en los precios y cada vez se les dice más que tienen que crecer y crecer. En mi pueblo, actualmente, muchos ganaderos han tenido que dejar su trabajo, arruinados por las grandes inversiones, el polígono ganadero parece que ha sido un fracaso y la agricultura, cada vez sólo está en manos de unos pocos.  Cada vez es menos pueblo.

La vecindad de Porto lucha por la mejora de la carretera y la gestión del Parque Natural del Lago de Sanabria





Los ABAJO FIRMANTES, vecinos, nativos, familiares o visitantes de los pueblos de Villanueva de la Sierra, Pías, Barjacoba y Porto (de la provincia de Zamora); y de Sever, Cepedelo,  Vilardemilo, Pinza, Castiñeira y Pradorramisquedo (de la provincia de Orense), como AFECTADOS, directa o indirectamente, por la carretera ZA-102, llamada “la carretera de Porto”, de 28 kms, que parte de la autovía A-52, y de su paralela la N-525, a la altura de Vilavella (Orense) y llega hasta la localidad de PORTO DE SANABRIA,  queremos 

DENUNCIAR  LOS  HECHOS SIGUIENTES:

1º- Que, por las características naturales y por el clima del lugar, las frecuentes lluvias y el deshilo de la nieve originan cada invierno abundantes torrenteras, que destruyen la fina capa de asfalto y la defectuosa base de la citada carretera, que está realizada con un trazado antiguo, con muy poca anchura, numerosas curvas cerradas y poca visibilidad. Y dado que estas deficiencias se están soportando de forma crónica, desde tiempos lejanos, con el olvido y falta de interés por parte de las autoridades que deberían ponerle remedio, sólo podemos calificar esta vía de discriminación vergonzosa. 

2º- Existe, además, un  hecho AGRAVANTE, que se debe tener en cuenta, para apreciar en profundidad la situación que denunciamos. Cada año se celebran en Porto SEIS FERIAS de ganado y mercancías varias. En estas fechas, tanto en el mismo día de feria, como en el anterior y posterior, la circulación de vehículos de toda gama aumenta de forma considerable, especialmente los camiones grandes para ganado, y los medianos dedicados a mercancías de ferias y de productos naturales, sin olvidar los numerosos turismos de las personas que acuden a presenciar y disfrutar del evento. Esto significa un peligro añadido, ya que la poca anchura de la vía obliga a orillar peligrosamente y detenerse, y, no pocas veces, a salirse de la carretera para permitir el paso de todo vehículo en condiciones extremas. El problema se complica cuando coinciden dos vehículos de tamaño grande, o, incluso, medianos.

3º- El mal estado de la carretera ZA-102 y la lejanía de los CENTROS SANITARIOS crea incomodidades y sufrimientos innecesarios a los habitantes de los pueblos citados, especialmente a los de Porto, a la hora de disfrutar de los derechos a la salud y a los beneficios médicos. Esta situación se vuelve disuasoria, cuando se desea acudir a esos Centros, lo que merma su calidad de vida y aumenta el riesgo de enfermedades. 

4º- La discriminación que denunciamos, tiene su origen, en parte,  en un HECHO HISTÓRICO. Hace décadas, se planteó la posibilidad de la renovación y asfaltado de LA PISTA DE TIERRA que va desde el Lago de Sanabria a Porto por La Segundera, por el ahorro de tiempo y la facilidad de acceso al Lago, al Puente y a Puebla, que esto supondría para Porto, y para las poblaciones gallegas cercanas a la cabecera del Bibey.  A esta propuesta se argumentó que, por motivos económicos, no era posible atender a las dos carreteras, y que habría que elegir entre esta opción y la de LA COMARCAL ZA-102. Frente esta alternativa, Porto se decantó, de forma obligada, por la ZA-102, ante la promesa de que ésta sería modernizada adecuadamente. Pues bien, la triste realidad es que se descartó una y se olvidó la otra, y ahora carecemos de una vía digna de acceso y comunicación.                                                                                                                               Y las promesas incumplidas se han repetido, una y otra vez, vergonzosamente para Porto y para los demás pueblos afectados. Los PROYECTOS de modernización se han ido sucediendo, sin llegar nunca a ser realidad. Se tiene noticia de media docena de ellos,  presupuestados y a punto de realizarse. Se sabe de un presupuesto de 7 millones de euros,  otro de 9 millones y un tercero de 30 millones. Hasta se tiene constancia, según el Boletín Oficial de Castilla y León de enero de 2.011, de que las expropiaciones ya se habían iniciado, siguiendo el proyecto de junio de 2.010. Y así se confirmó en un escrito de la Junta dirigido a un concejal de Porto. Pero todos esos proyectos han sido siempre olvidados y  su cuantía destinada a otros, supuestamente más urgentes. ¿A dónde ha ido a parar el dinero de esos proyectos? Y se afirma que “todo es cuestión económica”, cuando todos sabemos que es una falta de voluntad política para hacerlo. ¿No es nunca urgente el proyecto de “la carretera de Porto”? Creemos que esto es un agravio comparativo, que está creando indignación. Los ciudadanos se preguntan qué juego es éste, y lo toman ya como UNA BURLA a Porto y a los demás pueblos afectados, porque las AUTORIDADES RESPONSABLES parecen pensar que  con Porto y con estos pueblos vale todo.

5º- El AGRAVIO COMPARATIVO aumenta cuando se tiene en cuenta otros dos aspectos del problema. El PRIMERO, la SITUACIÓN DE PORTO EN LA COMARCA de la que forma parte. La mayoría de los pueblos de Sanabria disfrutan de una carretera modernizada, de doble sentido, con buena visibilidad, firme  renovado y anchura necesaria. Y todos ellos se encuentran a poca distancia de los Centros Oficiales de poder y decisión, y también cerca de los Centros Sanitarios; todo lo contrario de lo que sucede con Porto. 

El SEGUNDO, lo relativo al PARQUE NATURAL DEL LAGO DE SANABRIA, en el que Porto se incluye. De las 22.679 Ha que tiene el Parque, casi el 60 % pertenece al término municipal de Porto. Teniendo en cuenta esto, el nombre mismo del Parque es ya una afrenta: “Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores”. ¿Por qué no reza “Porto” en el nombre, dada su mayor extensión dentro de este espacio natural? En justicia, debería  denominarse “Parque Natural de PORTO, el Lago de Sanabria y sus alrededores”. Y así lo exigimos para el futuro. Pero, siendo importante esta exigencia, mucho más importante es el tema de lo que Porto recibe, en comparación con lo que APORTA y de sus NECESIDADES. Reconocemos que el Ayuntamiento de Porto ha sido beneficiario, como las demás entidades locales, de actuaciones promovidas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en lo que se refiere a la recuperación del patrimonio etnográfico, a la restauración de refugios de montaña,  señalización de caminos tradicionales, reparación de fuentes y manantiales,  ejecución de miradores y áreas de juego infantiles, etc. Y reconocemos también que en el tercer programa básico de desarrollo endógeno del parque, durante la década 2.000-2.010, Porto se benefició del 37% de la inversión llevada a cabo. Y de las subvenciones, Porto recibió el 22%. Pero, si bien se mira, casi todo lo citado está dirigido principalmente por el criterio de favorecer el espacio protegido del parque como tal, que nos afecta sólo de manera indirecta o secundaria, y no tanto a otros aspectos del desarrollo económico y social que consideramos BÁSICOS y FUNDAMENTALES.  Sí, ya sabemos que, en virtud de una buena SOLIDARIDAD, aunque Porto coopere con cerca del 60% a la extensión del Parque, no tiene, necesariamente, que recibir  ese porcentaje en ayuda o subvenciones, sino que se reparte en función de otros criterios de necesidad. Y aquí está nuestro problema y nuestra exigencia. Creemos que NUESTRAS NECESIDADES son mayores y más numerosas que las de los otros pueblos que integran el Parque Natural. Lo denunciado en los puntos anteriores es buena muestra de ello. Y nos preguntamos también: ¿por qué, a la hora de tomar decisiones, no hay REPRESENTANTES de los 4 pueblos incluidos en el Parque, en proporción a su extensión dentro de él? De ahí que, a la luz de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León; y a la luz del Programa Parque Naturales de esta Comunidad, del 
5 de septiembre de 2.002, echamos en falta actuaciones movidas por los criterios siguientes:

1º Fomentar la integración de los habitantes en las actividades generadas por la protección y gestión del espacio natural. 
2º Compensar suficientemente las limitaciones establecidas y posibilitar el desarrollo económico y social de la población afectada.
          3º Mejorar la calidad de vida de los habitantes de los espacios, mediante el    
desarrollo de las infraestructuras y servicios básicos necesarios. 

          De acuerdo con el criterio 1º, nos preguntamos por qué no se abre en Porto una OFICINA de información relacionada con el parque. Y, al mismo tiempo, por qué no se crean PUESTOS DE TRABAJO para el mantenimiento y protección del espacio natural de Porto, y se coloca a trabajadores de esta localidad  en esos puestos, previa preparación profesional para esas tareas. 
Y de acuerdo con los criterios 2º y 3º de esos textos legales, ¿qué mejor manera de compensar las limitaciones establecidas en los puntos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de esta DENUNCIA, posibilitar el desarrollo económico y social de Porto y de los demás pueblos, mejorar su calidad de vida y desarrollar las infraestructuras y servicios básicos, que dotarles de una CARRETERA MODERNA, como primer y fundamental paso para lograr todos esos objetivos? 


Ante todo esto, PEDIMOS: 

A) EN RELACIÓN CON PORTO Y EL PARQUE NATURAL: Que la CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE de la Junta de Castilla y León, junto con su Dirección General del Medio Ambiente y la Dirección del Parque, atiendan y hagan realidad las siguientes REIVINDICACIONES: 

      1.-Creación en Porto de una OFICINA informativa, relacionada con el Parque.
      2.-Creación de una BRIGADA de mantenimiento y protección del espacio natural, integrada    
         por trabajadores de esta localidad. 
      3.-Modificar el nombre del parque, de forma que “PORTO” figure en su denominación.
      4.-Mejorar el ESTATUTO vigente del Parque Natural, para que los cuatro     
          Ayuntamientos que integran el Parque intervengan, con voz y voto,  en las 
          decisiones que afecten a la administración, gestión y reparto de fondos 
          generados por el Parque. Para ello proponemos la creación de una JUNTA o 
          COMISIÓN permanente, con representantes de los cuatro Ayuntamientos, en 
          proporción a la extensión que aportan al Parque. De acuerdo con este criterio, de las 22.679 ha del total del Parque, el 55,73% pertenece a Porto, el 36,07% a Galende, el 
          4,85% a Cobreros, y el 3,32% a Trefacio, creemos que, de un número total de 6 miembros que formarían esa Junta, sería una justa representación la siguiente:  PORTO, 3 miembros; GALENDE, 2 miembros; y 1 miembro en representación de COBREROS y TREFACIO.
     5.-Que PARTE de los INGRESOS generados al Parque por la extensión que Porto ocupa en él, se destinen a la obra de modernización de la vía ZA-102, además de los OTROS  
          FONDOS que procedan de la JUNTA y de las DEMÁS INSTITUCIONES.

B) EN RELACIÓN CON LOS PUEBLOS afectados por la carretera ZA-102, la llamada “carretera de Porto”, nuestro principal PROBLEMA y el objetivo de nuestra DENUNCIA, que  se genere sensibilidad y VOLUNTAD POLÍTICA por parte de los diferentes ORGANISMOS del MINISTERIO DE FOMENTO, de la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, de la XUNTA DE GALICIA y de la DIPUTACIONES DE ZAMORA y ORENSE, para darle SOLUCIÓN y llevarla a cabo. La realidad de esta VÍA MODERNA de comunicación produciría los siguientes  


BENEFICIOS: 
                                                                                                                                                         
1.-SEGURIDAD en los desplazamientos, especialmente en DÍAS DE FERIA, para todos, pero principalmente para la gente de los pueblos afectados.
2.-FACILIDAD de acceso a los distantes CENTROS OFICIALES y SANITARIOS.
3.-Sería el INICIO de una ACTIVIDAD ECONÓMICA en la zona, que supondría un gran desarrollo social, y corregiría el creciente empobrecimiento de este territorio. 
4.-Aumentaría EL TURISMO y se crearían PUESTOS DE TRABAJO, por la abundante oferta natural e instalaciones que posee esta zona. Por ejemplo:
a) Un hotel-casa rural moderno en Porto, con poca actividad, por el efecto disuasorio de la   
                 carretera, entre otras causas.
b) Numerosas casas de montaña renovadas,  a la espera de mejores accesos para ser utilizadas. 
           c)  La reserva de acebo mas importante de Europa, junto con una gran riqueza en plantas  medicinales.
5.-Los habitantes de los PUEBLOS GALLEGOS de la cabecera del Bibey, cercanos a Porto, tendrían un ACCESO MÁS CORTO a la autovía  A-52, pasando por Porto.


Por eso, EXIGIMOS  a todas y a cada una de las AUTORIDADES con responsabilidad, directa o indirecta, total o parcial, en ESTE ASUNTO, que adopten las MEDIDAS NECESARIAS que pongan fin a esta SITUACIÓN. Y que, de acuerdo con el cargo que desempeña y las competencias que le son propias al respecto de cualquiera de los problemas aquí denunciados, en el ámbito de su responsabilidad,  tome las DECISIONES  que le correspondan, o ejerza las medidas legales de PERSUASIÓN que considere oportunas ante las OTRAS INSTITUCIONES y AUTORIDADES, para promover y coordinar las acciones que corrijan esta DISCRIMINACIÓN, de forma que se PROYECTE un NUEVO TRAZADO de la ZA-102, “la carretera de Porto”, que SUPRIMA CURVAS, que  tenga más VISIBILIDAD,  con la ANCHURA suficiente para carriles en ambos sentidos, asentada sobre una BASE firme y segura, cubierta por apropiadas CAPAS de asfalto, y, de una vez por todas, se PRESUPUESTE, ADJUDIQUE Y REALICE, con carácter de urgencia ESTA VÍA, tan NECESARIA y RECLAMADA desde hace tanto tiempo. 

TODO lo cual es APOYADO Y REIVINDICADO por las firmas de los ciudadanos de los pueblos citados al inicio, en las páginas que siguen, encabezadas con el título  


DENUNCIA Y PETICIÓN,
“OBJETIVO: LA CARRETERA DE PORTO”

Porto,  a  13   de  Junio  de 2.014      
                                                                     
                                                                  ----------------------

Nota: El Documento fue apoyado por 714 firmas. Y a finales de agosto se envió copia por correo certificado a 17 Instituciones, que, de forma directa o indirecta, tienen competencia en el problema. Las Instituciones referidas eran:  Representantes del Gobierno Central, de la Junta de Castilla  y León, de la provincia de Zamora, de  la Xunta de Galicia, de la provincia de Ourense, además de a los Ayuntamientos de Pías, Porto y Viana do Bolo

Serano, filandar y fiadeiro en Sanabria

Beneficios de la Trashumancia y Trasterminancia en Sanabria y La Carballeda




Si hay alguna persona interesada en alguna de las fotografías poneros en contacto con danielboyanosotillo@gmail.com

Bici Crítica Sanabria 2013

El pasado 2013 tuvo lugar la 7ª Bici Crítica Sanabria que salio de Puebla de Sanabria y llegó hasta la Playa de los Enanos del Lago de Sanabria. Además de dar un paseo en grupo con bicicleta por la comarca de Sanabria esta actividad también sirvió para pasar de las protestas a las propuestas presentadas en pequeñas acciones como esta en la que se promueve el uso de la bicicleta en el medio rural. En relación a esto es importante decir que Bici Crítica Sanabria ha sido la primera Bici Crítica que se desarrolla en un ámbito rural intentando mejorar las comunicaciones entre varios municipios.



El movimiento Bici Crítica Sanabria parte de que los principales problemas de movilidad los encontramos en nuestro ámbito local, en este caso Sanabria. Nos centramos en la movilidad local porque es la que más personas y mercancías mueve a diario, y por lo tanto más contamina. A pesar de ello es la que menos atención recibe por parte de las instituciones que dirigen sus planes de movilidad, y nuestros recursos, en las grandes infraestructuras interurbanas, como el famoso AVE que es un medio de transporte reservado para una minoría que lo puede pagar y su construcción conlleva un importante impacto ambiental.
También hay que tener en cuenta el incremento del coste de los combustibles para vehículos motorizados. Asimismo ya sabemos que el transporte público para la movilidad interurbana es competencia de las CC.AA. y además solo se rige por la oferta/demanda por lo que muchos de los pueblos sanabreses carecen de este servicio público. Por ello hay que empezar a pensar en alternativas como la bicicleta, que además de mejorar el estado de salud de la persona que pedalea contribuye a que otras personas no contraigan enfermedades pulmonares ni se emitan gases de efecto invernadero, aunque para ello es necesario en Sanabria un carril bici funcional y no solo pequeños tramos incomunicados. Pero no hay que olvidarse que también existen otras alternativas complementarias a la bicicleta como el transporte compartido entre los propios vecinos (car-sharing) que en otros lugares resultó una experiencia exitosa siendo demandado para solventar el acceso a servicios, principalmente, por personas de edad avanzada.



Por todo ello celebramos juntos la 1ª Bici Crítica Sanabria en la que se hicieron varias paradas para hacer incidencia en los diferentes pueblos por los que pasa la ruta. Asimismo estas paradas sirvieron para el descanso de todas aquellas personas que no están acostumbradas a pedalear. Asimismo, al llegar a la playa de los Enanos se realizó una asamblea participativa tocando varios temas relacionados con la Movilidad en Sanabria como el Carril Bici de conexión entre la Reserva Nacional de Sierra de Culebra y el Lago de Sanabria, alquiler de bicicletas en el Parque Natural, el estado de las carreteras sanabresas, la mejora de la carretera a Porto de Sanabria, la conveniencia o no del proyecto autovía Puebla-Braganza, el P.O.R.N. del P.N. del Lago de Sanabria y alrededores y su relación con la movilidad y los accesos, la logística organizativa de la próximas Bici Crítica Sanabria…



Esperamos que esta sea la primera de Bici Crítica de muchas y que se nos “BICIVILICE” en toda Sanabria ya que esta iniciativa nace por y para la sociedad civil sanabresa y la mejora de su entorno.


Breve evolución del conflicto Palestino - Israelí hasta la actualidad

Daniel Boyano Sotillo



Como siempre, comienzo incidiendo en que es necesario contextualizar el conflicto para entenderlo, pero más allá de centrarme en la propia historia del conflicto entre Palestina e Israel, que se puede encontrar en cualquier enciclopedia, pondré la atención en los sucesos geopolíticos del pasado siglo que nos llevan al enfrentamiento que pervive tras varias décadas.



El nacimiento del sionismo judío está unido política e ideológicamente a la eclosión de los nacionalismos europeos del siglo XIX, que tuvieron como pilar común la idea de «un pueblo, un Estado» y que está en el inicio del concepto de Estado-nación, idea por otro lado hoy en discusión. Paralelamente a ese desarrollo nacionalista, nació el nuevo imperialismo y aparecieron las nuevas doctrinas de la superioridad racial que condujeron a la creación de partidos, y más tarde, regímenes fascistas. En este ambiente excluyente progresó el antisemitismo, que en esencia considera a los judíos como pueblo sin patria. La reacción de la burguesía judía europea a esta hostilidad fue la búsqueda de un plan político, lo que nos lleva al nacimiento de las corrientes sionistas que manifestaban la necesidad de crear un Estado para los judíos europeos.  Así, en 1897 nace la Organización Sionista Mundial (órgano político del Movimiento Sionista), fundada en Basilea, que afirmaba que los judíos eran primordialmente un grupo nacional y no un grupo religioso y que, como tal, tenía derecho a crear su propio Estado 1*.
Con la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano llega, por un lado el Tratado Sykes-Picot de 1916 que fue un acuerdo secreto entre Gran Bretaña y Francia para dividirse el Oriente Medio cuando concluyera la Primera Guerra Mundial; y por otro lado la Declaración Balfour propuso el establecimiento de un Estado judío en Palestina, para motivar a los judíos a que apoyaran el ingreso en la guerra. En 1916 los británicos tomaron Palestina, cuyo control mantendrían hasta 1948. Palestina estuvo relativamente en calma entre 1922 y 1928 y el movimiento nacionalista palestino se limitó a la reivindicación política. Durante esta década, los sionistas judíos comenzaron a fundar sus organizaciones armadas como  Haganá, Palmaj, Irgún y Lehi que fueron el núcleo central del actual ejército de Israel. Las únicas estadísticas disponibles de Palestina de principios del siglo XX son las del Mandato británico que datan de diciembre de 1919 y hablan de una población aproximada de 704.000 habitantes, de ellos 574.000 palestinos musulmanes, 74.000 palestinos cristianos y 56.000 judíos.
La represión británica y la supremacía militar sionista condujeron a que los palestinos declararan la famosa Gran Huelga General que duró tres años, 1936-1939. La Gran Huelga General empezó como un acto de desobediencia civil por parte de las y los palestinos hacia la administración colonial británica y las colonias sionistas. 
En esta misma década se acentúan los atentados sionistas judíos entre los que destacan: en Otoño de 1937 el asesinato en Nazareth del comisionado Andrews a manos de un grupo sionista. Cuando los británicos y los sionistas consiguieron controlar la situación, en marzo de 1939, entre 10.000 y 25.000 palestinos, 400 judíos y 200 británicos habían perdido la vida; y el ataque más famoso contra los británicos ocurrió el 22 de julio de 1946 mediante el atentado del Hotel Rey David en Jerusalén, sede de la Autoridad Militar del Mandato Británico en Palestina y de la División de Investigación Criminal de los británicos en el que murieron 92 personas y 45 resultaron heridas.
Con la Segunda Guerra Mundial se produce el holocausto nazi, lo que tuvo una gran repercusión en la situación de Palestina, más aun con la consternación que produjo en la comunidad internacional el nazismo, las potencias vencedoras deciden acelerar la fundación del Estado judío en Palestina. Poco después de que concluyera la Segunda Guerra Mundial, y viendo que la situación estaba descontrolada, los británicos anunciaron su deseo de finalizar su Mandato colonial en Palestina. En este contexto el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181 que recomendaba un plan de partición de Palestina. El plan de la ONU proponía dividir Palestina en dos Estados, uno judío y otro palestino árabe, con un área, que incluía Jerusalén y Belén, bajo control internacional. El rechazo de los palestinos y el Mundo Árabe a este plan que divide Palestina y entrega parte de ella a colonos judíos europeos sin consultarlos, tuvo como consecuencia la primera guerra árabe-israelí de 1948. No hay que olvidar que en 1947 que los colonos judíos poseían sólo un 6% de la tierra, pero el plan de partición otorgaba al Estado judío un 55% de la superficie total de Palestina.
Así se produce la Nakba que es un término árabe  que significa "catástrofe" o "desastre", utilizado para designar al éxodo palestino. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) son refugiados palestinos las "personas cuyo lugar de residencia habitual era el Mandato Británico de Palestina entre junio de 1946 y mayo de 1948 y que perdieron sus casas y medios de vida como consecuencia de la Guerra árabe-israelí de 1948". Estas personas desplazadas o refugiadas todavía conservan las llaves de sus casas, tal y como me mostraron cuando estuve con ellas.
El 15 de mayo de 1948 caducó el Mandato británico en Palestina, pero un día antes de la salida del alto comisario británico, el 14 de mayo,  David Ben Gurión leyó la declaración del nacimiento del Estado de Israel, y abrió la puerta a la llegada masiva de colonos judíos de Europa a Palestina. 531 aldeas palestinas fueron arrasadas y reemplazadas por colonias israelíes, a la vez que su población fue asesinada o expulsada, para convertirse en refugiados repartidos por el mundo entero, estimándose un número de entre 750.000 y 1.000.000.
En el contexto del panarabismo, entre 1949-1954, EE.UU. organiza una política de pactos militares, como el de Bagdad en 1955, y de alianzas bilaterales con Israel, Arabia Saudita, Turquía e Irán, en defensa de los intereses occidentales, y más en concreto estadounidenses, con lo que la región del Próximo Oriente queda también sumida en la política internacional de la Guerra Fría.
Entre 1952 y 1969, el panarabismo y el nacionalismo progresista habían llegado al poder en Egipto, Iraq, Siria, Libia, Túnez, Argelia y Yemen. Sin embargo, la agenda política internacional, la Guerra Fría y la política de alianzas árabes con la OTAN o con la URSS, apartarían cada vez más la unidad árabe y la posibilidad de recuperar Palestina y devolverle al pueblo palestino su tierra y sus hogares.
Israel acabó con la tensión política lanzando un ataque militar por sorpresa, el 5 de junio de 1967, siendo un paseo militar para el ejército judío. El Sinaí egipcio, los territorios palestinos de la franja de Gaza, Cisjordania, la ciudad vieja de Jerusalén, y los Altos del Golán sirios cayeron en seis días en manos de Israel pasando su territorio ocupado de poco más de 20.000 a 102.400 kilómetros cuadrados.
Al mismo tiempo aparece en escena la Organización para Liberación de Palestina (OLP) que ha sido a lo largo de casi medio siglo uno de los principales actores políticos en Oriente Medio centralizando la dirección de diversos grupos palestinos que hasta ese momento operaban como movimientos clandestinos contra la ocupación israelí. Su origen hay que situarlo en 1964 dentro de la ideología panarabista que tuvo como impulsor al presidente Nasser. Hay que dejar claro que la OLP, no es una organización, sino una plataforma política de varias organizaciones palestinas
Los palestinos viven estos años bajo continua humillación por la nueva ocupación israelí y se revelan en 1987. A pesar de no tener armas tiran piedras a los tanques, crean barricadas para que los coches de colonos no puedan cruzar por los poblados palestinos y hacen todo tipo de huelgas. Así comienza la primera intifada, como lucha popular con la opinión internacional de parte de los palestinos ya que es simple autodefensa.
Toda la actividad política, armada, social y económica se coordinaba a través de las plataformas de la OLP con un sistema centralizado. Pero la constitución de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en 1994, tras la firma de los Acuerdos de Oslo entre la OLP e Israel, redujo su papel en el ámbito de la política nacional e internacional, limitándolo a las relaciones protocolarias y administrativas en el exterior. 
Hoy en día, la OLP es miembro de la Internacional Socialista y tiene delegaciones en la mayoría de los países del mundo. Del mismo modo, la lucha de la OLP junto a la ANP es para construir un territorio palestino laico e independiente en los territorios ocupados en 1967. En otras palabras, los palestinos luchan hoy para edificar un país independiente sobre el 22-23% de la superficie de la Palestina histórica.
Isaac Rabin, al frente de la parte israelí, y Yaser Arafat  se juntan en EEUU para firmar una supuesta paz. Comienzan dos años de acuerdos en Oslo (1993-1995) que dan lugar a los famosos Tratados de Oslo, firmados en 1995, y en los que la recién creada ANP ofrecía, en una primera fase, a poner orden en sus filas y eliminar el confrontamiento y los ataques contra Israel, y así lo hizo. Mientras que la parte israelí se comprometía a frenar la construcción de asentamientos y comenzar a evacuar los más recientes, y no lo hizo. En lugar de ello, después de cinco años los asentamientos y los colonos se habían multiplicado por dos. 
Un día de octubre de 2000, el entonces primer ministro israelí Ariel Sharon decide que quiere visitar la explanada de las mezquitas con parlamentarios de su grupo y sus guardaespaldas armados. La explanada de las mezquitas es el tercer lugar más sagrado del Islam después de La Meca y Medina y también es el lugar donde los judíos dicen que estuvo el segundo templo. La acción de Sharon es vista como una grave provocación por los palestinos, que sumado al descontento por el tratado de Oslo y el incremento de colonos, se revelan de nuevo. La mecha prende en Jerusalén y se extiende rápidamente por toda Cisjordania y Gaza surgiendo así la segunda intifada.
Esta vez los palestinos no se ganan la simpatía de la comunidad internacional porque la ANP comienza a distribuir armas al pueblo. Es en este momento cuando el grupo de Hamás (financiado por EE.UU. en sus orígenes) aparece en escena.
En todo caso, Israel sigue siendo  superior militarmente y se usa la segunda intifada como escusa para una nueva invasión de las ciudades palestinas, y bombardeos desde tierra y aire. Israel ocupa y niega los derechos a millones de palestinos en Gaza y la Cisjordania ocupando las tierras palestinas con colonos, generalmente ortodoxos y fundamentalistas que devastan tierras de cultivo, aldeas, formas de vida… (estas actividades de destrucción continúan a día de hoy como pude observar directamente) y mantiene 6.000 presos palestinos 2*.     
En 2003 se firma la Hoja de Ruta, un plan para el proceso de paz. De nuevo la ANP se compromete a reducir los ataques a Israel y en este caso también las acciones armadas de Hamás a cero. 
Por otro lado comienza la construcción del Muro del apartheid, de 810 kilómetros, lo que demuestra la evidencia palpable de que estamos en una estrategia de hechos consumados donde Israel sigue sin cumplir lo que firma en los acuerdos bilaterales. La construcción de la barrera fue aprobada por el gobierno israelí el 23 de junio de 2002 y consiste en un sistema de vallas y alambradas a lo largo de aproximadamente el 90% de su trazado, y en el 10% restante16 adopta la forma de un muro de hormigón prefabricado de hasta siete metros de altura, creado con módulos individuales dispuestos uno al lado del otro, e intercalados cada cierto intervalo con torretas para el control milita. De esta manera se divide el territorio palestino de Cisjordania y Jerusalén Este donde se cuentan 270 colonia judías, además hay cuarteles, carreteras que comunican las colonias y son de uso exclusivo para colonos judíos, hay hasta concesionarios de coches. Asimismo desde la construcción del muro muchas personas palestinas ya no podían llegar a su puesto de trabajo o incluso ver a sus familiares, a pesar de vivir solo a unos metros de distancia, pero ahora separados por un muro infranqueable.  La Corte Internacional de Justicia declaró el 9 de Julio de 2004 que el muro construido por Israel es ilegal, y la sentencia tiene consecuencias internacionales. 
Por su parte, Israel vuelve a comprometerse a frenar los asentamientos, pero una década después han aumentado de nuevo en un 50%. Israel sigue firmando acuerdos que no ejecuta. 
Entre tanto Hamás gana las elecciones lo que supone una cierta división interna acelerada en Palestina. Y es que Hamás es una organización que se declara como yihadista, nacionalista e islámica. Desde su creación en 1987 hasta la actualidad, las distintas organizaciones que forman parte de Hamás se han convertido en objetivos prioritarios de las operaciones militares israelíes.
La lista de Hamás, se presentó a las elecciones generales palestinas de 2006 obteniendo la mayoría absoluta, lo que le otorgó la potestad de formar el gobierno que lideró Ismail Haniye, que generó una serie de sanciones por parte de algunos países occidentales que consideraban terrorista a Hamás. Desde entonces hasta la actualidad, Hamás gobierna la ANP de la Franja de Gaza, mientras su rival político Al Fatah mantiene el control de la ANP en Cisjordania.
La población en Gaza se encuentra desde ese momento sometida a un bloqueo por parte de Israel que impide la entrada de alimentos, medicinas, material de construcción, armas y otros productos en territorio gazatí. 
También la Primavera Árabe afectó de forma intensa al conflicto palestino-israelí ensombreciendo su habitual protagonismo en la agenda de la diplomacia internacional beneficiando la estrategia dilatadora de Israel. Este cúmulo de sucesos, también conocido como revolución democrática árabe hace referencia a una serie de alzamientos populares en los países árabes acontecidos desde 2010 hasta la actualidad y su influencia, a medio-largo plazo, en el conflicto palestino-israelí dependerá del alcancen que adquieran los cambios políticos en la región. Calificados como revoluciones por la prensa internacional, la cadena de conflictos tuvieron el punto de partida en las protestas de octubre de 2010 en el Sahara Occidental, seguidas por la revolución tunecina y egipcia.
Otro hecho destacable fue la creación  en 2012 de Palestina como Estado observador de Naciones Unidas, aunque no miembro. El reconocimiento del “Estado de Palestina” por Naciones Unidas  puede ser una señal de “por dónde sopla el viento”, como comentó el embajador británico en Tel Aviv: un reflejo del significativo deterioro del apoyo de la opinión pública al régimen israelí de ocupación y denegación de los derechos palestinos. Pero esto no se debería considerar de una manera simplista ya que si fuera el primer paso hacia el reconocimiento del derecho irrefutable del pueblo palestino a la autodeterminación, entonces sería una contribución positiva al establecimiento de una paz justa y duradera conforme al derecho internacional.
Asimismo no hay que olvidar que en este año 2014 el gobierno israelí duplicó sus políticas de expansión sobre Palestina mediante la inclusión de más colonos en territorio palestino. Al plan de anexión se suma la represión permanente a la que es sometida la población de Cisjordania y Gaza, las dos regiones que todavía no pudieron ser saqueadas por Israel. La expansión de Israel a través de asentamientos colonos acarrea despliegues militares que aseguren que los colonos judíos ingresen protegidos a tierra palestina. Los hechos represivos contra los pobladores de Palestina para expulsarlos de sus territorios son parte fundamental de los planes israelíes. Además continúan las detenciones administrativas en la que Israel puede secuestrar de forma ilimitada a cualquier palestino, sin cargo ni acusación ni asistencia jurídica. Hay 540 palestinos en esas condiciones, algunos durante más de diez años, entre ellos, un tercio de los diputados del Consejo Legislativo Palestino.
Por lo tanto la razón esencial por la cual el proceso de paz no avanza no es Hamás, como ha querido ser presentado tanto por Israelitas, como por algunos miembros de organizaciones internacionales: es la ocupación y la negación de derechos a los palestinos desde hace 60 años la verdadera razón. Así el conflicto entre Israel y Palestina no es un conflicto entre dos partes iguales. Israel es una potencia militar superpoblada, superurbanizada y superindustrializada, que además recibe sofisticado armamento de última tecnología de la principal potencia imperialista del mundo, EE.UU., y adicionalmente de otras potencias subsidiarias de ésta, como algunos países de la Unión Europea. Por otra parte, Palestina, es una población que, a pesar de ser la original del territorio, durante décadas ha sido gradualmente desplazada y atomizada hasta ocupar una porción residual y marginal del ancestral territorio de Palestina. Esto ha permitido al Estado de Israel construirse como Estado artificial militarizado y superpoblado en la zona, una de las zonas más estratégicas para el comercio del mundo y ricas en petróleo.
De este modo Israel sigue firmando acuerdos y tratados que no ejecuta mientras el conflicto continua, situación favorable a los intereses del sector más conservador del sionismo (élites dominantes de Israel) que opta por la mano dura como única solución mientras la comunidad internacional mira hacia otro lado, o como mucho, facilitan acuerdos, cumbres o tratados, que como hemos visto Israel no cumple. Son necesarios análisis continuos del conflicto, tanto de sus causas como de sus actores, para comprenderlo y ofrecer, de este modo, soluciones viables.
Para finalizar no puedo dejar de recordar que Israel es un Estado reciente que ha violado 252 resoluciones de la ONU sin que se le haya impuesto ninguna sanción.



1* Hoy en día el Estado Israelí realiza un apartheid religioso en el que el judaísmo debe ser la religión principal. El concepto de la Babel israelí y su idea de crear un Estado mediante el vínculo de la fe, que es otra de las respuestas para comprender el conflicto con los palestinos, provoca graves problemas de identidad, entre los intereses de los colonos en los asentamientos y el resto de la sociedad israelí

2*El 25% de la población palestina ha sido víctima de la tortura en Israel.


Repoblaciones con roble autóctono en Sanabria. No más monocultivos de pinos pirófitos, inflamables y alóctonos

"si las personas han perdido la memoria, búscala en la savia de los árboles que cobijaron a tus antepasados, escucha a los árboles y resonará en ti los ecos de su existencia ancestral"

Octubre de 2013


Monocultivos de Pinos e incendios

El reemplazo de bosques autóctonos en Sanabria y La Carballeda por monocultivos de árboles de crecimiento rápido como los pinos, está convirtiendo a nuestras tierras mas biodiversas en desiertos verdes.
Los monocultivos además de contaminarnos nos están deshidratando. Las raíces de los pinos de repoblación son capaces de extraer grandes cantidades de agua del suelo y de sus capas freáticas. De este modo las y los productores rurales ya están advirtiendo graves problemas de acceso al agua que necesitan para sus cultivos en algunos casos. Asimismo los pinos aumentan la acidez del suelo, alteran la dinámica natural del mismo e impiden el establecimiento de matorrales debajo de ellos, desapareciendo de esta forma toda la vegetación arbustiva y las especies de ungulados salvajes no tienen alimento en esos hábitats artificiales, por lo que afecta de forma indirecta también a animales que se alimentan de estos como el caso del lobo. En otras palabras, los pinos son menos biodiversos que nuestros bosques autóctonos de robles.
En Sanabria y La Carballeda se continua, desde la llegada de los Planes Forestales franquistas a mediados del pasado siglo XX,   repoblando con especies alóctonas (foráneas) cuando se sabe que la mayoría de los grandes incendios prenden en masas donde la especie dominante ha sido introducida. Por ello la gestión forestal de los montes debe avanzar hacia la sustitución de masas repobladas de pinos por especies autóctonas para evitar el rápido avance del fuego y la desertificación, además de poder  aprovechar las hojas y bellotas de estas especies locales como el roble, para alimentar al ganado en invierno y otros beneficios que explican en el siguiente apartado.
Debido a la situación en la que nos encontramos en Sanabria y La Carballeda, se debe tender a la sustitución de masas repobladas de pinos por especies autóctonas o su conversión en bosques mixtos para reducir los incendios forestales y favorecer el aumento de la biodiversidad, ya que las quercíneas, entre ellas nuestro roble (Quercus pyrenaica) resisten mejor el avance del fuego, ayudan a extinguirlo, y, a la vez, se regeneran mejor del fuego con sus propios rebrotes. Los pinares, en cambio, alimentan el fuego con la resina de los árboles y no rebrotan, excepto el pino canario, que obviamente no tenemos en nuestras latitudes. En la coyuntura climática actual, con temperaturas y sequías estivales en aumento, es preciso introducir paulatinamente especies arbóreas autóctonas dentro de las masas forestales de pinos ya repobladas, para que actúen de cortafuegos, tal y como reconoce el propio Ministerio de Medio Ambiente, y comiencen a recuperar su espacio.
La frecuencia de incendios en Sanabria y La Carballeda está relacionada en parte con esa sustitución de la vegetación autóctona por monocultivos de pinos por lo que el replanteamiento de la gestión forestal sigue siendo una tarea pendiente. Porque no hay que olvidar que los principales responsables de los fuegos son las personas que accidental o intencionadamente lo provocan, no siendo casualidad que la superficie arbolada más afectada por los incendios forestales en la década 2001-2010 haya sido de Pino. Buena parte de los grandes incendios de los últimos años en Sanabria y La Carballeda y comarcas cercanas (es decir, los que afectan a más de 500 hectáreas) se producen sobre zonas de pinar repoblado y reiteradamente quemadas (Véase Calabor, Santa Cruz de Abranes o Hermisende)  mientras que rara vez se producen grandes incendios en bosques maduros autóctonos. 
Los monocultivos empresariales de pinos son afines con las sociedades explotadoras y autoritarias, del mismo modo que la biodiversidad lo es con la fraternidad, la solidaridad y la multi-culturalidad de los pueblos. Actualmente la diversidad es atacada por empresas madereras, a las que la administración pública (Junta, Diputación y Ayuntamientos) apoya, que ejercen un poder absoluto sobre la vida y las personas. El horizonte de impunidad en nuestra comarca resulta de una magnitud impensable. No de otra manera puede explicarse la Reserva de Caza de la Sierra de la Culebra, repoblada solo con pinos, se le dotara en el año 2012 con 1.200.000 €.
Tampoco podemos olvidarnos del riesgo de desertificación que sufren multitud de bosques y zonas forestales a consecuencia de algunas obras en nuestros montes, como las talas y desbroces que se efectúan para la construcción de los impactantes cortafuegos, de dudosa efectividad, al igual que las videocámaras de vigilancia, o la excesiva construcción de pistas forestales asociadas que generan tremendos desmontes. Esta situación es especialmente grave en estas fechas previas a la llegada del verano y la temporada de riesgo de incendios forestales, cuando los servicios de la administración encargados de la prevención de incendios forestales ejecutan estas obras apresuradamente, en ocasiones sin unos adecuados estudios técnicos ni de impacto ambiental que justifiquen tan brutales actuaciones.
La expresión desierto verde es usada para designar el monocultivo de árboles, en nuestro caso pinos, en grandes extensiones de terreno para la producción de madera, debido a los efectos que este monocultivo causa al medio natural con importante impactos socio-ambientales. 
Asimismo los pinos no dejan beneficios económicos en los pueblos ya que son explotados por empresas privadas, a pesar de las repoblaciones se hacen con dinero público. En ocasiones ni siquiera estas pueden acceder a su madera ya que al ser monocultivos introducidos mueren atacados por plagas como la procesionaria en sus primeras etapas de vida.
La intensidad de estos impactos socio-ambientales dependen de las condiciones ambientales anteriores a la plantación y de la extensión del área de cultivo. De este modo en Sanabria y La Carballeda, se pueden deducir los riesgos de:
Desertificación de las regiones plantadas: por ser árboles de crecimiento rápido, absorben mucha agua, pudiendo llevar a la desecación de los nacimientos y el agotamiento de los manantiales de agua subterránea, afectando seriamente a los recursos hídricos locales. 
Perjuicio a los suelos: como todo monocultivo, esquilma el suelo y lo desmineraliza, lo que hace imposible que rebrote la vegetación de la zona. Además, el suelo queda expuestos durante dos años a partir de la plantación y dos años tras la tala, favoreciendo la erosión.
Reducción de la biobdiversidad: la alteración del hábitat de muchos animales provoca que en las regiones de monocultivos se reduzca el número de especies, en especial las vegetales.
Concentración de tierras: la explotación latifundista crece adquiriendo las tierras a pequeños agricultores y a tierras colectivas comunales, que se desplazan de la región de origen originando un vacío demográfico asociado al éxodo rural como ocurrió en Sanabria y La Carballeda en los años setenta.
Desempleo: los monocultivos están altamente mecanizados y traen personal exterior.
Pérdida del paisaje tradicional y ancestral con el que las personas de la comarca se sienten identificadas olvidando nuestra identidad con la zona.
El término desierto proviene por lo tanto del efecto de desertificación y erosión de los suelos, como al vacío en biodiversidad (en los robles existen mayor especies de insectos, aves, mamíferos...) y en poblaciones humanas encontrado en las regiones en cultivo, como en nuestro caso. Para mitigar estos daños, algunos especialistas proponen la plantación de otras especies vegetales entre corredores dedicados a la plantación de árboles productoras de madera. Sin embargo, las empresas rechazan la aplicación de tal técnica, pues su fin es maximizar los beneficios. 
Así la política de gestión forestal debe ir ligada a la prevención del cambio climático en Sanabria y La Carballeda y a un modelo de gestión arbórea que favorezca la biodiversidad y la diversificación económica. Los bosques autóctonos son el hogar de numerosas especies de seres vivos, y garantizan con su existencia las condiciones óptimas de la vida en la Tierra, al producir oxígeno y regular el ciclo del agua. Todas las medidas que los preserven o recuperen nos benefician a toda la humanidad y son necesarias para garantizar el agua, frente a escenarios de sequías e incendios, cada vez más previsibles. Por tanto, la ampliación y recuperación de los amplios robledales, hayedos y encinares son la herramienta más eficaz para cuidar nuestro entorno natural.

Otro problema habitual de nuestras repoblaciones es que una vez hechas se abandonan a su suerte, y no se siguen tratando, clareando e introduciendo paulatinamente especies autóctonas para favorecer la sucesión. Pero es que esta forma de actuar es más costosa, pues exige un trabajo casi exclusivamente manual.
En los espacios forestales que sufren GIF de la Península Ibérica las especies dominantes son los pinos, sin duda los más vulnerables a los grandes incendios. Por el contrario, los montes que resultan menos afectados por los grandes incendios forestales son, en un 12% de los casos, aquellos que disponen de verdaderos bosques naturales bien conservados y poco intervenidos, principalmente los poblados por especies de quercíneas (encinas, robles o alcornoques). Aquí, la intervención dirigida a la prevención de incendios está mucho más limitada, cuando no desaconsejada, por la menor vulnerabilidad de estas masas al fuego y, sobre todo, por los condicionantes derivados de la protección ambiental.

Con la deforestación a causa de los incendios forestales, las plantaciones de monocultivos de pinos y la sequía, nos quedan cada vez menos bosques, y éstos adquirirán con los años cada vez más valor, sobre todo por su biomasa y porque conservan el agua y el suelo fértil. Se debe repoblar con especies autóctonas, ya que éstas están adaptadas al medio ambiente que les rodea. Una especie muy común en la Península Ibérica es el Roble. Decían hace ya mucho tiempo que hay que pensar globalmente y actuar localmente. ¡Hagámoslo! ¿Cómo? Pues ayudando a la naturaleza, es decir, repoblando con Robles.

Beneficios de los Robles (Quercus pyrenaica)

 Se utilizó mucho para curtir por su abundancia en taninos; son muy conocidos sus agallas, bullacas o cecidios, lugar que utilizan algunos insectos para colocar sus huevos, defendiéndose el árbol de este ataque generando esta agalla, que pueden ser de varias formas: redondeadas con picos, redondeada lisa, esponjosa, etc. Antes se utilizaban por los niños para jugar a las canicas (bolas).
Los usos son similares a los citados para la madera de los otros robles autóctonos, se emplea en duelas de barril y para apeas y traviesas de ferrocarril. Los fustes suelen ser cortos, irregulares y nudosos (aunque con buenas prácticas selvícolas pueden tomar buenas formas y dimensiones. La leña y carbón vegetal son de buena calidad, siendo éstos sus empleos principales tradicionales.
Las bellotas y hojas marcescentes les sirven al ganado para alimentarse en otoño e invierno; y en primavera ramonean los brotes tiernos, tanto en el árbol como de los brotes de raíz, lo que ayuda a desbrozar el terreno y mantenerlo adehesado con excelentes pastizales.
Con las bellotas se pueden hacer harinas de bellota de consumo humano, por no hablar de la diversidad de hongos que aparecen en los robledales.  
Los robledales son un buen entorno donde practicar el senderismo y el excursionismo. Además la fortaleza de su sistema radical permite la formación y conservación de un suelo óptimo que regula el régimen hidrológico. 



Repoblación del Quercus pyrenaica
Repoblación significa volver a poblar, devolver a una zona los árboles que allí existieron y desaparecieron por intervención humana. Las bellotas son el fruto de las Quercíneas (Encina y Robles), todas Quercus. La recogida de bellotas debe hacerse en octubre en el caso del Roble. Es conveniente escoger los árboles más frondosos, sanos y no demasiado viejos, que estén cercanos al punto geográfico de siembra, para una mejor adaptación genética, igualmente a factores climáticos y de suelo.
Las bellotas a recolectar son las que se han caído al suelo, desechando las verdes (caídas prematuramente por el viento), secas, arrugadas o con agujeros, procurando tomar sólo las de color marrón, suficientemente maduras y lisas (síntoma de salud y madurez), gordas (a mayor tamaño de bellota, corresponde mayor tamaño de la futura planta), que garantizarán óptimos resultados.
Antes de la siembra es aconsejable hidratar las bellotas, sobre todo en la mitad sur peninsular, poniéndolas en remojo 48 horas, para estimular el crecimiento del embrión. Además, podemos hacer una criba, vertiéndolas en un recipiente con agua y eliminando las que flotan.
La fecha idónea para la siembra es diciembre, aunque se puede sembrar incluso hasta la primera semana de febrero. Cuanto antes se realice la siembra, más frescas estarán las semillas y más pronto empezarán a germinar, con mayores posibilidades de alcanzar suficiente profundidad para arraigar y sobrevivir cuando llegue el verano. El lugar para sembrar será el adecuado para el Roble, éstos necesitan suelos ácidos como los de nuestra comarca y una cierta altitud (a partir de 900 metros sobre el nivel del mar), con precipitaciones moderadas. Lo mejor es saber a ciencia cierta qué árboles viven o vivieron en la zona, determinando restos de vegetación o consultando a las y los ancianos del lugar, de forma que el objetivo fundamental sea restaurar el medio natural primitivo.
La técnica a seguir para la siembra en el campo es sencilla. Con una azada o un apero similar se harán hoyos de unos 20 cm de profundidad, en cada uno de los cuales se depositan 3 o 4 bellotas (ya que siempre se estropea alguna) en posición horizontal, a unos 5 cm de la superficie del suelo, dejando tierra suelta debajo y apartando las posibles piedras, facilitando así la penetración de la raicilla, en su crecimiento hacia abajo. No es conveniente enterrarla a más de 5 cm, ya que el débil tallo que surge de la bellota tendría dificultades para emerger a la superficie. La densidad de plantación, suele estar en torno a las 400 plantas por hectárea, para lo cual los hoyos estarán a 5 metros de separación.
En muchas zonas, las bellotas son desenterradas y comidas frecuentemente por algunos animales, especialmente jabalíes y roedores, en cuyo caso se han ensayado técnicas que intentan evitarlos: repelentes, siembra en dos niveles estratificados… etc. que suelen dar siempre buen resultado, optando como medida más eficaz en el caso de una repoblación amplia, por sembrar plantones de 1 o 2 años, sembrados en macetitas o bolsas de plástico, que pueden obtenerse en distintos viveros forestales. Para plantarlos, el sistema es análogo al de las bellotas, practicando un hoyo mayor que el tamaño del envase, sacando con cuidado la raíz con todo el cepellón de tierra, procurando que no se desprenda. Una vez que se ha comprimido la tierra alrededor del plantón conviene regarlo. Si colocamos piedras rodeando la pequeña planta, la protegeremos de la erosión, reduciremos la evaporación del agua y se condensará en ella el rocío y las nieblas, aportando mayor humedad.

Selvicultura con Quercus pyrenaica

Las variaciones estacionales de los lugares donde aparece la especie, así como las características socioeconómicas, reflejadas en los tratamientos sobre las masas y la estructura de la propiedad, hacen que las manifestaciones del robledas sean muy diversas, desde montes altos de espesura completa y gruesos fustes a formaciones de porte subarbustivo, con numerosos y raquíticos brotes de raíz. La gama de espesuras es también muy alta. Pero en un robledal tratado convenientemente siempre será posible un aprovechamiento silvopastoral. 
En montes de rebrotes pueden mantenerse las cortas en monte bajo si interesa la producción de leñas. El castaño es la especie que más se ha empleado tradicionalmente en el medio rural sanabrés para plantar en áreas de robledal, creándose así los típicos soutos de producción de fruto de las montañas. Puede usarse también cerezos, nogales o en áreas más húmedas teixo/tejo o acebo/acebro.
Los tratamientos del roble en monte bajo para leñas fijan un turno de 20 a 25 años, pudiéndose dejar una reserva de unos 200 pies/ha para apearlos a los 40 años. La reserva escalonada de pies, cada vez que se efectúa una corta de monte bajo, da lugar a montes medios. Ambos métodos de monte bajo y monte medio de brezo o urz pueden tener cierto interés en algunas zonas especialmente en aquellos lugares que se dedican a la miel como nuestra comarca. 


Muestra de disconformidad de la población local con las repoblaciones.Fotografía tomada en Sierra la Culebra

La evolución natural del robledal (propagación por brotes de raíz) y la evolución posterior al incendio nos conduce en la mayoría de los casos a masas de gran densidad con pies altos y delgados. Además hay que tener en cuenta que la corteza de los robles maduros se queman durante el incendio haciendo de barrera protectora de su anatomía interior y permitiendo que el árbol continué viviendo después del fuego mediante este sistema natural. En estas circunstancias la copa está poco desarrollada, es estrecha y limitada a la parte superior del árbol. En consecuencia se produce un estancamiento de la masa y las guías se secan con frecuencia. En estas condiciones una acelerada puesta en luz aumenta el riesgo de descopes, al combar el árbol con la nieve, en invierno, o con el peso de la masa foliar derivada de la puesta en luz. 
Es frecuente que al iniciar las operaciones de clareos nos encontremos con densidades del orden de 20000 a 30000 pies/ha o más, que después de sucesivos clareos, con extracciones del 50%, llevamos a densidades de 2000 a 2500 pies/ha. Con estas intensidades de corta se controla bastante bien la aparición de brotes chupones, a los que tiene gran tendencia el roble tras la puesta en luz. 
Las claras afectarán a los pies deformes, torcidos y puntisecos, y a árboles lobo; serán mixtas y se debe prevenir la aparición de un subpiso inferior de rebrotes, favoreciendo el pastoreo posterior a la corta y actuando preferiblemente en agosto-septiembre, para que el rebrote inducido se hiele en invierno. 
Muchas zonas de robledal presentan cada vez mayor importancia de senderistas o usos similares como la bicicleta, y es muy recomendable reducir en estos espacios las fuertes espesuras de las masas para favorecer la transitabilidad y la existencia de pasto para el ganado. 
Las plantaciones de esta especie tienen un objetivo protector o restaurador y podrían realizarlas los Servicios de Medio Ambiente. Se pueden realizar con unas densidades de 2000 pies/ha (2 x 2,5 m), con planta de una o dos savias, preferentemente en envase, o bien mediante siembra de bellota en casillas. 




Como conclusión podemos indicar que la buena conservación y protección de nuestros bosques naturales es sinónimo de freno a los grandes incendios forestales. Cabe preguntarse cómo es posible que en las masas más intervenidas, las de pinar y monte bajo, se produzcan los incendios más graves. La respuesta es compleja, pero entre los factores coadyuvantes sin duda estarán la amplia superficie ocupada por estas masas, su carácter pirófilo e inflamable, y los conflictos sociales que generan.



Bibliografía





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